La pregunta es directa y urgente: ¿debe la iglesia someterse siempre a las autoridades civiles, incluso cuando esas autoridades amenacen su libertad de culto? La respuesta no es sencilla, y el pastor Núñez la trabaja con cuidado, distinguiendo entre dos tipos de situaciones muy diferentes.
En el momento presente, las restricciones que enfrentan las congregaciones no están dirigidas contra la iglesia en particular, ni tienen motivación religiosa. Afectan por igual a instituciones civiles y al propio gobierno, por lo que pueden evaluarse con objetividad y sin interpretarlas como persecución. Esa distinción importa, porque no toda limitación es hostilidad.
Sin embargo, el escenario cambia radicalmente si en el futuro se legisla específicamente para impedir que la iglesia haga lo que Dios le ha mandado. Ahí, el principio es claro: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, como lo enseña el libro de los Hechos, capítulo 4. La historia confirma que esto no es teoría. En países como China y Corea del Norte, la iglesia ha seguido reuniéndose de forma clandestina, las Biblias han seguido circulando, y creyentes han pagado con sus vidas por no rendirse. Los gobiernos pueden creerse autónomos, pero dependen de Dios, y esa es la autoridad que la iglesia reconoce como suprema.
A este principio, el pensador Francis Schaeffer le dio nombre: desobediencia civil. No es rebeldía sin orden, sino el derecho legítimo de la iglesia a no acatar leyes que contradicen directamente el mandato divino. Eso sí, la prudencia sigue siendo necesaria: el evangelio debe seguir corriendo, aunque no siempre sea con megáfono en la calle.
