La estrategia de inmunidad de grupo adoptada inicialmente por el Reino Unido —y sostenida por Suecia— no fue una decisión irresponsable ni ignorante. Fue una postura fundamentada en la historia de las pandemias anteriores, tomada con relativa independencia de las presiones políticas y mediáticas que dominaron la respuesta global al COVID-19. La premisa es clara: las pandemias terminan cuando aproximadamente el 60 o 70 por ciento de la población ha adquirido inmunidad natural. Si se aísla a toda la población indefinidamente, ese umbral nunca se alcanza, y la pandemia se prolonga en lugar de resolverse.
El problema de fondo es que el aislamiento masivo tiene su propio costo en vidas humanas. Las Naciones Unidas advirtieron en ese momento que 130 millones de personas estarían al borde de la muerte por hambre como consecuencia directa de la crisis económica generada por el COVID. Sostener una economía paralizada durante 12 a 18 meses —el tiempo estimado para desarrollar y distribuir una vacuna— no es una opción neutral: también cobra vidas, solo que de otra manera y en poblaciones más invisibles para los noticieros.
Frente a una enfermedad con una tasa de mortalidad estimada en alrededor del 1%, publicada por el New England Journal of Medicine desde principios de febrero, la lógica de permitir cierta circulación controlada del virus tenía una base epidemiológica y económica real. No se trataba de indiferencia ante la muerte, sino de reconocer que prolongar la pandemia a través del aislamiento podría resultar igualmente costoso en términos humanos. La historia, señala el pastor Núñez, será quien dé el veredicto final sobre qué decisión resultó más acertada.
