Como cristianos, ¿tenemos el derecho —o incluso la responsabilidad— de exigir a nuestros gobiernos leyes basadas en principios bíblicos? La respuesta depende de qué tipo de principios se tienen en mente. No se trata de pedir al gobierno que legisle la comunión, el bautismo o cualquier práctica propia de la vida eclesial. Esas son realidades que pertenecen exclusivamente a la iglesia, y confundirlas con las funciones del Estado sería un error serio.
Pero hay otro nivel de principios que es completamente diferente: la ley moral que Dios ha inscrito en la conciencia de todo ser humano, lo que la tradición llama ley natural. El pastor Miguel Núñez señala que Dios juzgó el homicidio, la mentira y otros pecados mucho antes de que la ley de Moisés fuera entregada, precisamente porque el hombre ya llevaba esa ley grabada en su interior. Génesis 9:6 lo ilustra con claridad: Dios declara que quien derrama sangre humana responde con su propia sangre, y lo hace fundamentándose no en un código escrito, sino en el valor intrínseco de la vida, que a su vez descansa en la imagen de Dios en el hombre.
Sobre esa base, sí corresponde que la iglesia levante su voz ante la sociedad. El valor de la vida —amenazado por el aborto, la eutanasia o legislaciones irresponsables— el principio de justicia y la no discriminación son exigencias que toda sociedad puede reconocer porque Dios las ha hecho evidentes en la creación y en la conciencia humana. La iglesia no habla solo para los suyos; habla por el bien de todos.
