La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes no es un problema distante ni ajeno a la iglesia: ocurre en comunidades reales, con nombres y rostros conocidos, y la indiferencia de quienes lo saben constituye una forma de complicidad. Este programa de Mujer para la Gloria de Dios aborda con claridad y urgencia tanto el marco legal que existe en República Dominicana para combatir este flagelo, como el rol indispensable que la iglesia local debe jugar en la restauración de las víctimas.
Jessica Ortiz, Directora de Manejo de Casos de Misión Internacional de Justicia (IJM) en República Dominicana, explica que la Constitución dominicana —en su artículo 56— obliga al Estado, la familia y la sociedad a erradicar la explotación comercial de menores. A esto se suman leyes nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el país, como el Protocolo de Palermo. IJM trabaja como querellante dentro del sistema judicial, acompañando activamente a la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y brindando asistencia legal directa a las víctimas durante el proceso penal.
Las víctimas de este tipo de esclavitud moderna provienen mayormente de hogares disfuncionales, arrastran traumas emocionales profundos, secuelas físicas como enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, y heridas espirituales que distorsionan su comprensión del amor. IJM ofrece acompañamiento integral —salud, educación, empoderamiento económico y terapia de trauma— pero reconoce que no puede hacerlo sola.
Aquí es donde la iglesia se vuelve insustituible. No se necesita ser profesional para marcar una diferencia: una llamada de denuncia anónima, una palabra de aliento, el amor de una madre que acompaña a una joven al médico, o una capacitación en un oficio pueden ser instrumentos de restauración. El evangelio es el único fundamento verdadero de esa restauración, y la iglesia es la comunidad llamada a llevarlo.
